Desde hace ya algunas décadas, ha venido creciendo la preocupación nacional e internacional por luchar contra las diferentes formas en que se viene presentando la criminalidad organizada, y una de ellas, se ve reflejada en la forma en que se han venido tomando medidas correctivas y preventivas con la finalidad de perseguir aquellas ganancias ilícitas que han sido obtenidas a partir de la consolidación de delitos. Lo anterior, se presenta, en virtud de las grandes maniobras utilizadas por los delincuentes para poder incorporar dichos activos al sistema financiero separándolos de su origen ilícito.
En tal sentido, el interés de las autoridades por evitar la legalización de activos se representa a través de la inclusión de nuevas políticas que tienen gran repercusión en el derecho penal, las cuales están orientadas a “la prevención, detección y sanción del “blanqueo”, el lavado”, la “legalización”, la “legitimación”, la “naturalización”, la “normalización”, el “reciclaje”, la “reconversión” o la “regularización” de activos, “bienes” o “capitales”[1]. Las cuales tienen por principal finalidad evitar que los recursos que han tenido origen en el desarrollo de actividades delincuencias puedan ser aprovechados.
El lavado de activos termina siendo entonces un fenómeno o proceso delictivo de gran relevancia internacional, dado que la comunidad internacional ha venido desarrollando una serie de reformas significativas qué buscan articular una respuesta global para enfrentar esta conducta punible dado que para algunos constituye amenaza global.
La trascendencia del lavado de activos radica en su impacto en la economía global, la seguridad y estabilidad de los Estados, así como en la integridad de los sistemas financieros. Los recursos generados por actividades criminales, como el narcotráfico, el contrabando, la corrupción y el fraude, son blanqueados a través de una serie de transacciones y operaciones complejas, dificultando su rastreo y la identificación de los responsables.
[1] ABEL SOUTO, M. (2002). El blanqueo de dinero en la normativa internacional: especial referencia a los aspectos penales. Pág. 23.
La comunidad internacional ha reconocido la necesidad de enfrentar de manera conjunta y coordinada este fenómeno delictivo. Para ello, se han desarrollado importantes reformas legales y mecanismos de cooperación entre países, con el fin de articular una respuesta global efectiva contra el lavado de activos.
Una de las iniciativas más destacadas es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización intergubernamental que establece estándares y promueve políticas para prevenir y combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Los países miembros del GAFI implementan medidas para fortalecer sus sistemas legales y financieros, mejorar los mecanismos de supervisión y control, y fomentar la cooperación internacional en la investigación y persecución de estos delitos.
Además, se han promulgado leyes y normativas a nivel nacional que establecen obligaciones legales y reglamentarias para prevenir y detectar el lavado de activos. Estas leyes imponen requisitos a los sectores financieros, como la debida diligencia en la identificación de clientes, la detección de transacciones sospechosas y la cooperación con las autoridades competentes.
La importancia de abordar el lavado de activos como una amenaza global radica en la necesidad de preservar la integridad de los sistemas financieros, evitar la infiltración de recursos ilícitos en la economía legal y prevenir la financiación de actividades delictivas y terroristas. Además, este enfoque global facilita el intercambio de información y la colaboración entre países para identificar y desmantelar redes criminales transnacionales involucradas en el lavado de activos.
En conclusión, el lavado de activos representa un desafío significativo a nivel internacional debido a su impacto en la economía y la seguridad de los Estados. La comunidad internacional ha adoptado medidas y reformas para combatir este delito, buscando una respuesta global coordinada. La cooperación entre países, la implementación de estándares internacionales y la fortaleza de los sistemas legales y financieros son fundamentales en la lucha contra el lavado de activos y la preservación de la integridad financiera global.
Muy interesante el artículo, gracias por compartirlo